Silvia Velasco Chano | Febrero de 2026

En Ecuador, la consulta popular se ha convertido en sinónimo de procesos recurrentes con un claro impacto económico. Al costo de cada proceso se debe sumar el costo económico de decisiones irreversibles tomadas sin evaluación. Casos como la consulta sobre modalidades laborales, entre ellas el trabajo por horas, muestran cómo decisiones sin evaluación ni corrección generan costos económicos que terminan encareciendo el desarrollo futuro.

Cada consulta podría incorporar un período de prueba para evaluar resultados y ratificar la medida si funciona: una propuesta sencilla.

La democracia directa en Ecuador: un mecanismo en tensión

Las consultas populares, que deberían ser mecanismos excepcionales de fortalecimiento democrático, se han convertido en eventos recurrentes, desgastados y, en muchos casos, políticamente distorsionados. Hoy no se vota el contenido de la pregunta, se vota a favor o en contra del gobierno de turno, y ese es un problema.

Con el tiempo, se ha producido una desnaturalización de la consulta popular: el ciudadano promedio no analiza el fondo de la propuesta, vota “NO” como castigo político o “SÍ” como respaldo coyuntural, independientemente de si la medida es técnica, necesaria o incluso beneficiosa para el país. A esto debe agregarse que la falta de análisis de preguntas, más la influencia de terceros está asociada, en parte, a bajos indicadores de educación.

El resultado es claro: oportunidades históricas perdidas, recursos públicos desperdiciados y una creciente desconfianza en los mecanismos de democracia directa. Mientras tanto, Ecuador sigue sin resolver problemas estructurales urgentes: mercado laboral rígido, alta informalidad, falta de competitividad, debilidad fiscal y un Estado con limitaciones.

Aunque en Ecuador el proceso de consulta popular se ha vuelto una práctica frecuente, no lo es para la mayoría de países de la región, lo que abre una oportunidad para repensar la forma en que se la diseña y ejecuta.

Antecedente histórico de convalidación

Un antecedente histórico refuerza la necesidad de repensar este instrumento con mayor cuidado institucional. En mayo de 1995, Fabián Alarcón convocó a un referéndum que, en esencia, buscaba legitimar ex post una ruptura institucional previa, luego de la destitución de Abdalá Bucaram. En ese mismo proceso se consultó también la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución de 1978.

Más allá del juicio político de la época, el episodio dejó una lección: el voto popular se usó como mecanismo de convalidación política, no como un espacio de deliberación ciudadana. El referéndum terminó validando decisiones tomadas previamente al margen de la institucionalidad, debilitando en lugar de fortalecer la democracia.

Si bien el contexto de este episodio es muy particular, resulta útil para reflexionar sobre lo ocurrido: una decisión política que fue adoptada primero, y consultada después al pueblo como mecanismo de ratificación. Hoy, con otra Constitución vigente, podría evaluarse la viabilidad de la presente propuesta de consulta popular. Este tipo de antecedentes explican, en parte, el escepticismo actual frente a las consultas populares y por qué muchas de ellas se votan desde la desconfianza, o como una simple formalidad cívica, sin mayor análisis de las preguntas planteadas.

El costo económico de las consultas populares

Las decisiones tomadas en una consulta popular no son neutras desde el punto de vista económico. Aprobar o rechazar una reforma sin evaluar su contenido ni prever mecanismos de corrección tiene efectos reales sobre inversión, empleo, productividad y crecimiento.

El costo económico de decidir mal no se limita a implementar una mala política, sino también no hacer nada: la ausencia de reformas producto del miedo, la polarización o el castigo político, se convierte en una decisión en sí misma, con impactos directos sobre informalidad, competitividad y bienestar. Ecuador no paga solo por las malas decisiones, paga también por las decisiones que nunca se toman.

Además, se consulta con demasiada frecuencia, sin filtros adecuados ni mecanismos que permitan aprender de los resultados, convirtiendo decisiones complejas en respuestas definitivas. Así, reformas necesarias, sean éstas de cualquier materia, terminan bloqueadas no por su contenido, sino por el contexto político en el que se plantean. Esto cierra la posibilidad de experimentar, medir impactos y corregir errores.

La propuesta: poner a prueba el “Sí” en una consulta popular, con vigencia y evaluación

A los economistas nos gusta partir de supuestos. Para el desarrollo de esta propuesta, se asume que la pregunta a ser consultada ha superado los filtros jurídicos y ha sido aprobada.

La propuesta simple, pero disruptiva: que las reformas aprobadas en consulta popular tengan una vigencia temporal limitada, por ejemplo, hasta el siguiente ciclo electoral relevante. En la práctica, esto implicaría un período máximo de cuatro años, aunque en Ecuador, por la coincidencia con elecciones seccionales, una evaluación intermedia a los dos años resulta institucionalmente factible.

Esta idea no parte de cero. En otros países, reformas económicas sensibles se aplican con cláusulas de vigencia, evaluaciones obligatorias o esquemas piloto, precisamente para reducir el riesgo de errores permanentes. Trasladar esta lógica al diseño de la consulta popular permitiría probar reformas, medir resultados y corregir desvíos, reduciendo el costo económico de decisiones irreversibles.

En la práctica, una reforma aprobada no se convertiría automáticamente en permanente, sino que entraría en una fase de implementación evaluable. Transcurrido ese período, la ciudadanía volvería a pronunciarse, esta vez sobre resultados concretos. Si la medida es ratificada, se consolida; si no, se revierte y se retorna al estado anterior. En este contexto finalmente, cabe recordar que la Corte constitucional tiene entre sus facultades, el denominado control posterior, lo que implica un resguardo adicional del proceso.

El peor escenario no es revertir una reforma, sino seguir tomando decisiones irreversibles sin aprendizaje institucional.

Un ejemplo ilustrativo es el trabajo por horas: una propuesta altamente sensible, cargada de ideología y emociones. ¿Por qué no permitir su implementación temporal, bajo reglas claras, medición de impacto y, luego evaluar si funcionó o no? Este ejercicio permitiría evaluar resultados reales en empleo, informalidad y derechos laborales antes de convertirla en una política permanente. En resumen, la propuesta consiste en introducir reformas con vigencia temporal, evaluación obligatoria y ratificación posterior por parte de la ciudadanía. Este enfoque no debilita la democracia directa; la fortalece: reduce el miedo al cambio, eleva la calidad del debate público y obliga al Estado a medir, evaluar y rendir cuentas, limitando además el uso oportunista de las consultas como herramientas de legitimación política coyuntural.

Reflexión final

La presente propuesta pretende convertir una historia de malas decisiones en oportunidades, a partir del ejercicio democrático de la consulta popular.

El enfoque se centra en el costo de oportunidad desde el punto de vista económico, más que en el costo financiero de un proceso de consulta popular. Ecuador no necesita más, sino mejores consultas, con un diseño claro, incentivos correctos y visión de largo plazo, que incluyan vigencia temporal, evaluación de resultados y ratificación ciudadana.

Solo así se pueden poner límites, controles y temporalidad a un mecanismo que, mal utilizado, puede convertirse en una herramienta de abuso político. La democracia se debilita cuando decide a ciegas; se fortalece cuando evalúa sobre resultados objetivos.